Continúa la controversia respecto a la nueva ley de alquileres, y ahora los titulares de inmobiliarias y corredores inmobiliarios vaticinan una catarata de acciones judiciales, las cuales impulsarán colectivamente.
Lo cierto es que dicha ley fue votada por unanimidad por la Legislatura porteña, con 51 votos a favor y 2 abstenciones, lo cual echa por tierra cualquier versión que establezca que la ley carece de legitimidad alguna.
Cabe recordar que la mencionada ley estableció que la comisión máxima a cobrar por las inmobiliarias será del 4,15% del total del valor del contrato de alquiler, y que dicha comisión será abonada por los propietarios de los inmuebles. Además, la ley prohíbe a las inmobiliarias y corredores inmobiliarios cobrar a los inquilinos gastos denominados de gestión o trámite de los contratos, como ser certificaciones de firmas u otro tipo de documentaciones.
Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados, manifestó que “algunas inmobiliarias suspendieron la oferta de alquileres y responsabilizaron a la ley por la suspensión. Otras, dicen a quienes quieren alquilar que la ley no está en vigencia porque hay una denuncia judicial, cuando no hay ninguna acción judicial en curso y, si la hubiera, tendría que haber una cautelar para que no se aplique. Algo que es difícil que suceda porque la justicia, ante los planteos que presentaron, falló dos veces a favor nuestro”.
Por su parte, del lado del Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires arguyen que presentaran amparos tanto colectivos como individuales, para poner freno de alguna manera a una ley, que según manifiestan, amenaza sus fuentes de trabajo. Mario Gómez, secretario de Cucicba, explica que presentarán “Un amparo colectivo de la institución en nombre de todas las inmobiliarias de la ciudad, que será la presentación de una medida cautelar; amparos individuales que presentará cada inmobiliaria, o el recurso de la acción de inconstitucionalidad”.
Desde Inquilinos Agrupados afirman que el malestar de las inmobiliarias se debe a que con la entrada en vigencia de esta ley, de alguna manera se les terminó el negocio. Explican que la sanción de dicha ley fue una válvula de escape para el Gobierno Nacional a las constantes presiones de los inquilinos por que hubiera alguna regulación de la actividad.