En plena crisis encontrar casos de fraude a la administración es más delicado. Los ladrones no tienen porqué tener sensibilidad a estos temas pero sí el ciudadano.
En plena crisis encontrar casos de fraude a la administración es más delicado. Los ladrones no tienen porqué tener sensibilidad a estos temas pero sí el ciudadano.
Según una noticia publicada hoy en la edición digital del diario Expansión 47 empresas han sido multadas por inflar el precio de concursos públicos.
Nada más y nada menos que 47 empresas. Sus prácticas fraudulentas han provocado un gasto de 14 millones de euros a las administraciones públicas. El funcionamiento de esta “mafia” consistía en ponerse de acuerdo para presentar sus ofertas a la baja. Normalmente la entidad pública presenta un presupuesto por el que se debe hacer la obra. Es entonces cuando las empresas compiten para rebajar este presupuesto y la empresa que con menor coste pueda acatar el proyecto se lo queda.
Las empresas implicadas elegían quien se quedaría la obra y el porcentaje de rebaja que haría sobre la propuesta de la administración. Este porcentaje se situaba entre el 1% y el 6%, muy por debajo del 15-30% normal en condiciones de competencia verdadera. Más tarde el dinero estafado se repartía entre todos los miembros.
Esta noticia puede llevarnos a hacer un cálculo rápido sobre la enorme cantidad de irregularidades pasadas “por alto” en este sector. En este caso las empresas culpables del fraude habían sido seleccionadas previamente por la administración entre las que cumplían unos requisitos. No sería descabellado pensar que alguna de esas empresas entró en esa lista utilizando “medios extraordinarios”.
La trama se desenmascaró porque alguien acusó de posibles prácticas restrictivas a la competencia, nadie habló de posible fraude. Esto lleva a pensar que quizá una empresa recelosa quería entrar a pobrar parte de ese pastel y las demás no le dejaron.
Podríamos seguir tirando del hilo y seguramente no llegaríamos a averiguar ni la mitad de las “trampas” que hay detrás de cada asunto público. Quizá esto se deba al pensamiento recogido en unas declaraciones de la exministra de cultura, Carmen Calvo, en las que afirmaba que el dinero público no era de nadie. Algo que no es de nadie, que no tiene dueño, es fácilmente “agenciable”. La cosa cambia si pensamos que el dinero público es de TODOS.