Para mantener activa la economía el gasto público no ha resultado del todo eficaz. Ahora sin él nuestro futuro se presenta si cabe más desesperanzador.
La máquina que permitía seguir con vida a las constructoras valencianas se ha apagado por falta de medios. Esta máquina llamada administración llevaba desde 2008 ayudando a que el corazón del sector de la construcción no se parara. Pero finalmente no ha sido más necesario que desconectarla certificando así la defunción de uno de los órganos principales del estado español.
Desde el inicio de la crisis la administración se había encargado de intentar reactivar el sector mediante la inversión en obra pública. Miles de proyectos a lo largo de toda la Comunidad Valenciana evitaban que cientos de constructoras tuvieran que cerrar sus puertas.
Sin embargo, el grifo de lo que parecía la financiación inagotable se ha cerrado y los fondos se han agotado. De este modo empresas que han vivido principalmente de colaborar con papá estado como Franjúan, BM3 o Emosa han recurrido al preconcurso de acreedores.
A sus dificultades para encontrar crédito se une la morosidad de la administración que puede llegar a tardar 2 años a saldar su deuda. Así pues la cifra total de lo que debe la Generalitat y demás organismos públicos a las empresas puede rondar los 1.100 millones de euros.
En todo el territorio nacional de las 11.000 empresas desaparecidas 5.400 corresponden a la construcción. Lejos de mejorar el panorama para el próximo año parece ser que seguirá con esta tendencia. De los 250.000 empleos relacionados con la construcción en la Comunidad Valenciana solo quedan 80.000, número que puede sufrir más reducciones.
Ante tal devenir de acontecimientos el nuevo gobierno deberá asumir la responsabilidad de acabar con el problema de la falta de crédito, la caída de la venta de vivienda y la paralización del sector de la construcción.